La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que las personas que realicen disparos al aire podrán enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel bajo el nuevo Código Penal Dominicano, al ser considerados responsables de homicidio bajo la figura del dolo eventual.
Durante su participación en la conferencia “Impacto del Nuevo Código Penal Dominicano y la Ley de Contrataciones Públicas en el Control Interno”, organizada por la Contraloría General de la República, Reynoso fue enfática: “Quien dispare al aire y cause una muerte, aunque no haya tenido la intención directa, responderá como si hubiera actuado con dolo. La pena puede llegar hasta 20 años. Que los alegres del gatillo lo piensen bien”.
La procuradora explicó que el nuevo código representa una reforma estructural al sistema penal, incorporando 27 nuevos tipos penales y endureciendo las sanciones en delitos ya existentes, especialmente en áreas sensibles como la seguridad ciudadana y la corrupción administrativa.
“Este código envía un mensaje claro: no hay espacio para la impunidad. Disparar al aire ya no será un simple acto imprudente, sino un crimen con consecuencias reales”, sostuvo Reynoso, subrayando que el objetivo principal es proteger la vida humana y fortalecer el orden público.
Además, abordó el impacto de las reformas legales en la lucha contra la corrupción, señalando que la desviación de fondos públicos no solo implica pérdida económica, sino también humanas.
“La corrupción mata. Cuando el dinero no llega a hospitales o escuelas, las víctimas son los ciudadanos más vulnerables”, afirmó.
Reynoso también valoró el rol de la Contraloría y de los auditores internos como pilares en la prevención del mal manejo institucional.
“El control interno no debe ser pasivo. Está para garantizar que los procedimientos se cumplan, porque cuando se violan, la inconducta es solo cuestión de tiempo”, advirtió.
Finalmente, reconoció los esfuerzos del contralor general, Félix Antonio Santana García, por avanzar en materia de transparencia, aunque dejó claro que la efectividad de las leyes depende de la voluntad de quienes las aplican: “Las leyes no se aplican solas; necesitan servidores públicos comprometidos y una ciudadanía vigilante”.
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