Comentario de Domingo Rijo Jiménez | De Frente con la Comunidad
VERÓN-PUNTA CANA.— Hay anuncios que deben celebrarse y otros que, además de celebrarse, deben analizarse.
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El Gobierno dominicano acaba de contratar un financiamiento de US$200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial.
El contrato, identificado como 6022/OC-DR, fue suscrito el 29 de abril de 2026 entre el Estado dominicano y el BID. Posteriormente fue aprobado por el Congreso mediante la Resolución 48-26, publicada en la Gaceta Oficial el 14 de agosto de 2026. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
¿Estamos ante una verdadera transformación de la seguridad vial dominicana o ante otro gran endeudamiento que tendremos que pagar durante años?
Porque los dominicanos tenemos derecho a preguntar.
Y preguntar no significa oponerse al desarrollo.
Preguntar significa fiscalizar el dinero público.
—
PRIMERO: ¿DE DÓNDE SALEN LOS US$200 MILLONES?
El dinero no es una donación.
Es un préstamo.
El Estado dominicano tendrá que pagarlo al BID bajo las condiciones financieras establecidas en el contrato.
Y aquí comienza la responsabilidad.
Porque cuando se anuncia una obra con recursos propios, hablamos de una inversión.
Pero cuando se anuncia una obra financiada mediante deuda, hablamos también de una obligación que pasa a formar parte de las cuentas del Estado.
Y esa diferencia es fundamental.
El contrato de US$200 millones fue firmado el 29 de abril de 2026. El Congreso lo aprobó posteriormente y estableció que los recursos serán destinados al programa nacional de seguridad vial.
Pero hay otro dato que considero todavía más importante.
En julio de 2026 la Cámara de Diputados aprobó dos préstamos del BID que suman US$465.5 millones.
Uno de ellos es el de seguridad vial por US$200 millones.
El otro asciende a US$265.5 millones para el manejo de la cuenca del río Yuna.
Es decir, en esa misma coyuntura legislativa el país aprobó US$465.5 millones en nuevos financiamientos del BID.
Y yo pregunto:
¿Cuánto más endeudamiento puede soportar el país sin que los ciudadanos conozcan con absoluta claridad cuál será el retorno de cada dólar prestado?
—
AHORA VAMOS A LOS US$200 MILLONES
Aquí es donde el asunto se pone interesante.
Porque cuando uno escucha:
“US$200 millones para seguridad vial”
puede imaginarse que los US$200 millones estarán disponibles para construir carreteras, elevados, puentes y soluciones de tránsito.
Pero no es exactamente así.
El desglose divulgado del programa muestra que aproximadamente:
– US$139 millones serán destinados a la intervención de puntos críticos en corredores viales.
– US$20 millones para seguridad en los alrededores de 286 centros educativos.
– US$20 millones para gestión, monitoreo y control del tránsito, incluyendo tecnología.
– US$9.2 millones para fortalecimiento institucional, normativo y educación.
– US$5.5 millones para fortalecer la atención de salud a víctimas de accidentes.
– Y aproximadamente US$6 millones para coordinación, administración, auditorías y evaluación del programa.
Esto significa que no todo el préstamo se convertirá en concreto, asfalto o elevados.
Y por eso la fiscalización debe ser todavía mayor.
Porque cuando hablamos de dinero público, cada partida debe poder responder tres preguntas:
¿Cuánto se presupuestó?
¿Cuánto se contrató?
¿Cuánto finalmente se pagó?
—
Y AQUÍ APARECE PUNTA CANA
De los US$139 millones destinados a infraestructura vial, uno de los puntos contemplados es la Autovía del Este, donde se plantea sustituir la actual rotonda de Punta Cana por un paso elevado.
Y aquí quiero detenerme.
Porque esta rotonda no es nueva.
El problema tampoco es nuevo.
Durante años, residentes, trabajadores, empresarios, transportistas y visitantes han tenido que convivir con un punto donde confluyen importantes movimientos vehiculares hacia Bávaro, Punta Cana, Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Ahora aparece la solución.
Pero aparece acompañada de una pregunta:
¿Por qué tuvimos que esperar hasta un nuevo préstamo internacional para intervenir uno de los principales puntos de tránsito de la zona turística?
No estoy diciendo que el paso elevado no sea necesario.
Al contrario.
Si los estudios técnicos demuestran que esa es la solución correcta, hay que hacerlo.
Pero queremos conocer los estudios.
Queremos conocer el diseño.
Queremos conocer el presupuesto.
Queremos conocer el cronograma.
Queremos saber quién va a construirlo.
Y queremos saber quién va a supervisar la obra.
—
PORQUE PUNTA CANA YA HA RECIBIDO MILLONES EN INVERSIONES VIALES
Aquí está una de las partes más importantes de esta investigación.
RD Vial ha informado inversiones acumuladas de aproximadamente RD$50,470 millones entre 2021 y 2026 en diferentes obras y proyectos viales.
No estamos hablando de una institución que carece de recursos.
Estamos hablando de una estructura financiera que mueve miles de millones de pesos.
Y los propios documentos financieros de RD Vial muestran que a junio de 2025 su deuda financiera alcanzaba aproximadamente RD$66,455 millones, un aumento de 17.3 % respecto a junio de 2024.
Repito esa cifra porque merece que la ciudadanía la escuche:
RD$66,455 MILLONES DE DEUDA FINANCIERA.
Y mientras tanto, ahora el Estado suma otro préstamo de US$200 millones para seguridad vial.
Por eso mi pregunta no es contra una obra.
Mi pregunta es contra la falta de información que muchas veces acompaña los grandes endeudamientos.
—
LOS PEAJES TAMBIÉN SON PARTE DE ESTA HISTORIA
RD Vial obtiene buena parte de sus ingresos de los peajes.
En 2024 registró aproximadamente RD$9,142.8 millones en ingresos operacionales, de los cuales unos RD$9,065.7 millones provinieron de los peajes.
Pero ese mismo año registró más de RD$5,624 millones en costos de intereses.
Es decir, el costo financiero representa una carga enorme dentro de la estructura económica del fideicomiso.
Esto no significa que el dinero haya sido mal utilizado.
Pero sí significa que debemos preguntarnos:
¿Cuánto de lo que pagamos en peajes termina realmente convertido en nuevas carreteras y cuánto termina pagando deuda e intereses?
Esa es una pregunta perfectamente válida.
—
Y HAY OTRO DATO QUE ME LLAMA LA ATENCIÓN
En los estados financieros aparecen diferentes categorías de gastos.
Entre ellas se registraron en 2024:
RD$214.8 millones en honorarios fiduciarios.
RD$170.3 millones en comisiones.
RD$111.8 millones en promoción y publicidad.
RD$201.2 millones en combustible.
Y aparece además un renglón denominado “otros gastos operacionales” por aproximadamente RD$967.3 millones.
Aclaro algo muy importante:
Que exista ese gasto no significa que exista una irregularidad.
No estoy acusando a nadie de corrupción.
Pero desde el periodismo sí podemos preguntar:
¿Qué contiene exactamente ese renglón de RD$967.3 millones?
¿Cuáles fueron los contratos?
¿Quiénes fueron los proveedores?
¿Qué servicios se recibieron?
¿Cuáles fueron los procesos de contratación?
¿Cuánto se ejecutó?
¿Y cuáles fueron los resultados?
Porque RD$967 millones no son una cantidad menor.
Y si hablamos de transparencia, esos números deben estar acompañados de explicaciones.
—
EL BOULEVARD TURÍSTICO: ¿CUÁNTO MÁS HAY QUE INVERTIR?
En Punta Cana hemos visto proyectos de iluminación, mantenimiento, asfaltado, señalización, embellecimiento y otras intervenciones.
RD Vial informó, por ejemplo, trabajos de iluminación en importantes corredores de Verón-Punta Cana, incluyendo 464 luminarias en aproximadamente 9.26 kilómetros de la Circunvalación Verón-Bávaro y 857 luminarias solares en unos 13 kilómetros entre la rotonda de Punta Cana y Friusa.
Eso es positivo.
Pero la pregunta es:
¿Cuál es el costo total de esas intervenciones y cuál es el costo anual de mantenimiento?
Porque no podemos continuar construyendo y reconstruyendo las mismas vías cada pocos años.
La infraestructura pública debe tener durabilidad.
—
¿CUÁL ES EL PROBLEMA REAL?
El problema no es solamente la rotonda.
El problema tampoco es solamente el asfaltado.
El problema es que República Dominicana ha tenido durante años una crisis de seguridad vial.
Y las cifras son alarmantes.
Durante 2025 se registraron alrededor de 2,992 fallecidos y más de 144,000 personas lesionadas en hechos relacionados con el tránsito, según cifras citadas por las autoridades y el Observatorio Permanente de Seguridad Vial.
Pero hay algo todavía más preocupante:
De los fallecidos registrados en 2025, aproximadamente 1,995 eran motociclistas.
Es decir, los usuarios de motocicletas representan una parte extraordinariamente importante del problema de seguridad vial.
Y aquí tenemos que preguntarnos:
¿Cuánto de esos US$200 millones llegará realmente al motociclista?
Porque podemos construir elevados.
Podemos instalar cámaras.
Podemos cambiar rotondas.
Podemos poner semáforos.
Pero si no atacamos las causas de los accidentes, seguiremos teniendo el mismo problema.
—
Y LA ALTAGRACIA NO PUEDE QUEDAR FUERA
Los datos más recientes también colocan a La Altagracia entre las provincias con una cantidad importante de fallecidos por accidentes en 2026.
Esto tiene una lectura especial para nosotros.
Porque aquí tenemos uno de los principales destinos turísticos del Caribe.
Tenemos millones de visitantes.
Tenemos trabajadores que diariamente se desplazan largas distancias.
Tenemos motocicletas.
Tenemos autobuses turísticos.
Tenemos transporte de carga.
Tenemos vehículos privados.
Tenemos crecimiento inmobiliario.
Tenemos nuevos proyectos.
Y tenemos una infraestructura que debe crecer al mismo ritmo que la economía.
No podemos esperar a que el problema explote para después buscar un préstamo.
La planificación debe llegar primero.
—
PERO HAY ALGO MÁS QUE DEBEMOS DECIR
El Gobierno ha planteado que el programa busca reducir significativamente la mortalidad vial y que uno de sus objetivos es llevar la tasa de fallecidos de 29.2 a 14.6 por cada 100,000 habitantes para 2030.
También se contempla tecnología para fiscalización, incluyendo cámaras, radares y sistemas de monitoreo de velocidad.
Eso está bien.
Pero entonces necesitamos indicadores.
No solamente discursos.
Quiero ver públicamente:
Cuántos accidentes había antes.
Cuántos habrá después.
Cuántas muertes se redujeron.
Cuántos puntos críticos fueron eliminados.
Cuántos kilómetros fueron intervenidos.
Cuánto costó cada kilómetro.
Cuánto costó cada elevado.
Cuánto costó cada sistema tecnológico.
Y, sobre todo:
¿Cuánto se ahorró en vidas humanas?
Porque ese debe ser el verdadero indicador.
—
MI POSICIÓN COMO COMUNICADOR
Yo no estoy en contra de que el Gobierno construya.
No estoy en contra de que se modernicen nuestras carreteras.
No estoy en contra de que se elimine la rotonda de Punta Cana.
Al contrario.
Punta Cana necesita soluciones viales de primer nivel.
Pero precisamente porque necesitamos esas soluciones, debemos exigir que sean bien diseñadas, bien contratadas, bien ejecutadas y correctamente supervisadas.
No podemos permitir que cada administración venga con un nuevo proyecto, un nuevo financiamiento y una nueva promesa, mientras los ciudadanos seguimos pagando los préstamos anteriores.
—
US$200 MILLONES NO SON POCA COSA
A una tasa de cambio hipotética de RD$60 por dólar, estamos hablando de aproximadamente:
RD$12,000 MILLONES.
Y el monto utilizado en los documentos legislativos para el préstamo ronda los RD$11,600 millones, dependiendo de la tasa de conversión utilizada.
Es muchísimo dinero.
Con ese monto no estamos hablando de una pequeña intervención.
Estamos hablando de una operación financiera que merece una vigilancia extraordinaria.
Y quiero dejar algo claro:
EL DINERO PRESTADO NO ES DINERO GRATIS.
Lo pagará el Estado.
Lo pagarán los contribuyentes.
Lo pagarán las futuras administraciones.
Y, de una manera u otra, lo pagarán generaciones futuras.
—
¿QUÉ PROPONGO DESDE DE FRENTE CON LA COMUNIDAD?
Propongo algo muy sencillo.
Que el Gobierno publique un tablero de transparencia del préstamo de US$200 millones.
Que cualquier ciudadano pueda entrar y ver:
– El monto contratado.
– Las condiciones financieras.
– Cada obra.
– Cada contratista.
– El monto contratado.
– El monto pagado.
– El porcentaje de ejecución.
– Las cubicaciones.
– Las adendas.
– Los supervisores.
– Los plazos.
– Las fotografías del avance.
– Y las auditorías.
Y especialmente:
¿CUÁNTO DEL PRÉSTAMO LLEGÓ REALMENTE A PUNTA CANA?
Porque si una parte importante de los US$139 millones destinados a corredores críticos se ejecutará en la Autovía del Este, entonces la población de Verón-Punta Cana tiene derecho a conocer cuánto dinero exactamente se invertirá aquí.
—
EL GRAN RETO
La construcción del elevado de Punta Cana puede ser una excelente noticia.
Puede reducir conflictos vehiculares.
Puede mejorar la circulación.
Puede aumentar la seguridad.
Puede facilitar el tránsito hacia el aeropuerto y las zonas turísticas.
Pero no podemos permitir que se convierta simplemente en otro proyecto millonario que inauguremos, fotografiemos y olvidemos mantener.
La obra pública comienza con el primer picazo.
Pero termina muchos años después, cuando sigue funcionando correctamente.
—
CONCLUSIÓN
Desde De Frente con la Comunidad, este comentario no pretende condenar una obra.
Pretende algo mucho más sencillo:
que el dinero público sea tratado como lo que es: dinero de todos.
Los US$200 millones están aprobados.
El préstamo fue firmado el 29 de abril de 2026.
El Congreso lo aprobó posteriormente.
El programa tiene definidos sus componentes.
Y la rotonda de Punta Cana está contemplada para ser sustituida por un paso elevado.
Ahora comienza la parte verdaderamente importante.
Ejecutar.
Supervisar.
Fiscalizar.
Rendir cuentas.
Y demostrar con números que esos US$200 millones no se convirtieron simplemente en otra deuda.
Porque Punta Cana necesita carreteras modernas.
La República Dominicana necesita seguridad vial.
Y los dominicanos necesitan saber dónde está cada peso.
Este es mi comentario como comunicador.
Domingo Rijo Jiménez
Desde Verón-Punta Cana.
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