Aquilino Ciprián de la Cruz asegura que la pensión que le paga el Estado como primer teniente retirado de la Policía Nacional de 11 mil pesos mensuales no le da ni para costear su comida diaria, mucho menos para pagar los medicamentos que requieren él y su esposa.
A sus 86 años, Ciprián ha asumido una lucha sin descanso para exigir el ajuste de las pensiones de los que, como él, se jubilaron el siglo pasado después de décadas de servicio.
El Congreso y el Poder Ejecutivo han creado y promulgado las leyes 96-04 y 590-16 para reglamentar la función policial y las condiciones del retiro, pero en ninguna se colocó un artículo que obligara a actualizar los montos de los bajos rangos.
El resultado es un salario que pierde valor con el tiempo y que depende exclusivamente de la voluntad del presidente de turno.
Luis Abinader fue el último que dispuso un aumento de 10 % que el octogenario Ciprián considera una burla. Para él, esto significó 1,000 pesos adicionales.
«No tenemos ni siquiera para cocinar una vez al día. De seguir así, para nosotros eso significará una condena de muerte anticipada», lamenta.
El director policial, Ramón Antonio Guzmán Peralta, admite que «la ley es la que lo establece así». «Nosotros no podemos hacer algo que la ley no nos permita hacer», indica.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirma que en la reforma a la Ley 590-16, Orgánica de la Policía que sometieron al Congreso contempla cambios en ese sentido.
«Hay un sistema totalmente distinto para garantizar la pensión digna de todos los policías. Es un sistema único que se ha creado para esos fines», prometió la funcionaria.
Los coroneles y generales retirados han corrido con mejor suerte. Con el Decreto 652-22, Abinader elevó a 100 mil pesos la mensualidad de 56 generales y llevó a 75 mil la que reciben 195 coroneles.
En la Ley 96-04 se estableció que debían ser igual al salario de sus pares activos las pensiones que reciben los exjefes y subjefes de la Policía y los exgenerales.
Un sistema de influencias
Los exagentes de la Policía describen un sistema de pensiones fraudulento en el que quienes tienen conexiones con personas influyentes negocian conseguir un especialismo para jubilarse con un ingreso alto.
Por eso coexisten toda clase de montos distintos para diversos rangos, con muchos que reciben más dinero que sus superiores.
«Ahí apareció un general hace dos años que le puso un sueldo de 125 mil pesos a un raso amigo de él. Entonces, hay un monto de pensión que es el rígido, para los hijos de Machepa, y el otro es para los favorecidos», acusa Damián Arias, exgeneral y activista por los derechos de los policías y militares retirados.
Si se compara con un policía activo, el exprimer teniente Ciprián gana casi un tercio del salario de un raso.
Arias considera que este sistema debe ser sustituido por un aumento escalonado de salarios que tome en cuenta el rango, la función desempeñada y el tiempo de servicio.
«Ahí abajo está el sector que menos salario ha devengado, que no han sido directores para irse con un mejor retiro y tampoco han tenido poder como para acumular fortuna, porque en la Policía tú acumulas fortuna si tienes poder y si te atreves a hacer lo mal hecho», lamenta.
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