El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-RD) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM) dieron a conocer el informe titulado «Podría ser yo: Informe nacional sobre aborto y criminalización en la vida de las mujeres en República Dominicana», en el que señalan que «el aborto es objeto de persecución penal, investigación y judicialización en el país».
De acuerdo con el documento, «su permanencia en el Código Penal provoca impactos negativos adicionales sobre las mujeres, quienes son penalizadas cuando intentan acceder a servicios obstétricos esenciales».
El reporte, basado en estadísticas oficiales, indica que entre 2016 y 2023 la Procuraduría General de la República registró 68 procesos judiciales por aborto.
De estos, entre 2016 y 2018, el Poder Judicial recibió 33 expedientes y cerró 32, en los cuales el Ministerio Público solicitó medidas de coerción por presunta infracción al artículo del Código Penal que prohíbe esta práctica.
Asimismo, entre 2016 y 2019 ingresaron a los tribunales penales de primera instancia 22 casos, emitiéndose fallos en 14 de ellos. El informe señala que «es posible concluir que el Ministerio Público actúa y lleva adelante la acción penal en más de la mitad de los casos de aborto que llegan a su conocimiento».
Abortos en centros de salud
El documento resalta que, aunque no existe un registro oficial integral de abortos inducidos debido a su carácter clandestino, las cifras del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) y del Ministerio de Salud Pública reportan al menos 67,455 abortos realizados en la red pública de salud entre 2019 y 2024.
Mujeres procesadas
El texto también presenta cuatro casos de mujeres acusadas penalmente por aborto, bajo los nombres ficticios de Azucena, Amarilis, Orquídea y Dalia. Tres de ellas tenían entre 30 y 35 años y una tenía 25, todas en situación de pobreza o pobreza extrema, con empleos precarios, y una de ellas estaba desempleada.
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