La Fuerza de Tarea Conjunta informó ayer la puesta en marcha de un registro de ofensores sexuales, el cual estará bajo la responsabilidad del Ministerio Público. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, recordó que esta disposición está contemplada en el Código Penal y anunció que en octubre se iniciará un plan de acción orientado a retirar de circulación las armas en poder de civiles que violan la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones.
El anuncio fue realizado por la funcionaria al término de la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.
Según lo explicado en la rueda de prensa, en cumplimiento del decreto 212-21 que regula el Plan Nacional de Desarme por la Paz, las medidas se concentrarán en las zonas con mayor número de homicidios y conflictos sociales relacionados con armas de fuego. Estas acciones estarán acompañadas de un periodo de gracia dispuesto por el Ministerio de Interior y Policía, mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, a desarrollarse entre octubre y diciembre.
La disposición permitirá renovar licencias caducadas bajo condiciones económicas más flexibles.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, en lo que va de año se han incautado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 presentaban permisos vencidos y 1,228 estaban asociadas a procesos judiciales.
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