Santo Domingo. – El empresario Jochy Gómez, ha sido acusado por el Consorcio Mobility ID de haber falsificado documentos y suplantado la identidad de funcionarios del Estado dominicano con el fin de impugnar, mediante la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), el proceso de licitación del nuevo sistema de licencias de conducir.
De acuerdo con documentos, Gómez habría intentado obtener certificaciones técnicas internacionales de forma fraudulenta, buscando sustentar los reclamos de ADOCCO, que alegaba supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación.
El primer indicio de las maniobras de Gómez surgió tras la filtración de una comunicación en la que se hizo pasar por representante del Gobierno dominicano, utilizando esa identidad falsa para gestionar información y documentación relacionada con la licitación.
En el documento en cuestión, figuraba una firma distorsionada y carente del sello del laboratorio certificador. Además, uno de los correos electrónicos llevaba el pie de firma:
“Atentamente, Jochy Gómez – Representante de DEKOLOR y del Gobierno de la República Dominicana.”
Esta acción configuraría un presunto delito de suplantación de identidad, al presentarse como funcionario estatal.
Asimismo, se identificaron otros intercambios de correos en los que Gómez atribuyó funciones técnicas y de coordinación de equipos que no le correspondían, manipulando información sensible sobre impresoras y procesos internos, con el propósito de incidir en la ejecución del contrato.
Según consta en la documentación, Gómez se presentó ante el laboratorio internacional TECNOLAB y la empresa IXLA como supuesto perito evaluador del Estado dominicano, solicitando certificaciones destinadas a distorsionar la información técnica sobre la impresora CLM600. Con ello, intentó demostrar —de manera fraudulenta— que una de las empresas del consorcio adjudicatario no era el fabricante real, en apoyo a los reclamos de ADOCCO.
El 19 de septiembre de 2025, Gómez contactó a TECNOLAB haciéndose pasar por perito gubernamental, provocando que se emitiera una certificación apresurada y errónea sobre la impresora CLM600. Posteriormente, el 22 de septiembre, el laboratorio rectificó el documento, admitiendo que fue emitido tras una solicitud “engañosa y confusa” de parte de Gómez.
Días después, el 23 de septiembre de 2025, la empresa IXLA también desmintió, mediante comunicado formal, los correos en los que Gómez se presentaba como representante del Gobierno dominicano.
Finalmente, el 29 de septiembre, el Consorcio Mobility ID presentó una defensa formal a través de su firma legal Guzmán Ariza, documentando los correos y certificaciones manipuladas, las cuales ya fueron remitidas a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para las investigaciones correspondientes.
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