El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados (ODHGV), dirigido por el comunicador Manuel Meccariello, emitió una alerta nacional ante la creciente crisis de salud mental que atraviesa la República Dominicana, marcada por la baja inversión estatal, la limitada cobertura de los seguros médicos y la escasez de centros y profesionales especializados.
“La salud mental no puede seguir siendo la cenicienta del sistema de salud dominicano. Este tema se nos está saliendo de las manos, porque cada día aumenta el número de personas con algún tipo de padecimiento mental sin recibir atención adecuada”, advirtió Manuel Meccariello, director del Observatorio.
Inversión insuficiente y servicios concentrados
Según datos del Informe sobre el Sistema de Salud Mental de la OMS y del Instituto IQVIA, la República Dominicana destina apenas 0.73 % del presupuesto nacional de salud al área de salud mental, una cifra muy por debajo del promedio regional.
Más del 50 % de esos recursos se concentran en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, ubicado en Santo Domingo, lo que deja a las provincias prácticamente sin acceso a internamientos ni tratamientos especializados.
Esta concentración de recursos y la desigualdad territorial agravan la falta de atención oportuna, especialmente en comunidades rurales y zonas fronterizas, donde la atención psicológica y psiquiátrica depende de esfuerzos locales o de organizaciones sociales.
Cobertura deficiente y medicamentos inaccesibles
El Observatorio denunció además las limitaciones de cobertura en los seguros médicos, particularmente en el régimen subsidiado de SENASA, que no cubre completamente las terapias psicológicas, las consultas psiquiátricas ni los medicamentos psicotrópicos.
“La salud mental no puede ser un privilegio. Los seguros deben cubrir consultas, terapias y medicamentos al 100 %, sin distinción de régimen o clase social”, enfatizó Meccariello.
Déficit de profesionales y centros especializados
En el país existen menos de 300 psiquiatras activos y un número reducido de psicólogos clínicos, trabajadores sociales y terapeutas especializados, lo que representa un déficit considerable frente a la demanda.
La capacidad de internamiento sigue siendo sumamente limitada, con menos de 300 camas psiquiátricas a nivel nacional, lo que obliga a muchas familias a enfrentar solas los desafíos del cuidado mental.
Esta situación afecta gravemente a los grupos vulnerables, entre ellos:
Personas en situación de calle.
Envejecientes abandonados o sin redes de apoyo.
Jóvenes con adicciones o trastornos de conducta.
Mujeres víctimas de violencia.
Y personas privadas de libertad con condiciones de salud mental, quienes enfrentan un alto nivel de abandono y falta de acceso a tratamiento dentro del sistema penitenciario.
“Estas poblaciones viven en una doble exclusión: son estigmatizadas y, además, carecen de acceso a servicios básicos de atención emocional y psiquiátrica”, señaló el director del ODHGV.
Siete medidas urgentes para un cambio real
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados propuso siete acciones prioritarias para enfrentar la crisis de salud mental:
1. Aumentar el presupuesto nacional para salud mental y garantizar transparencia en su ejecución.
2. Descentralizar los servicios hacia las provincias y municipios.
3. Ampliar la cobertura de los seguros médicos, garantizando terapias y medicamentos sin copagos.
4. Crear nuevos centros de internamiento y rehabilitación psicosocial.
5. Implementar campañas nacionales de prevención del suicidio y reducción del estigma.
6. Fortalecer la formación y contratación de profesionales especializados.
7. Establecer un sistema nacional de datos sobre salud mental.
“La salud mental no puede esperar”
“El sufrimiento emocional no se ve, pero se siente en silencio. Cada suicidio, cada paciente abandonado, cada joven sin tratamiento, es una deuda moral y social que el país no puede seguir ignorando”, expresó Meccariello.
El Observatorio hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud Pública, al Consejo Nacional de Seguridad Social, al Poder Ejecutivo y a las organizaciones de la sociedad civil a establecer un Plan Nacional de Acción en Salud Mental, con metas claras, recursos suficientes y participación ciudadana.
“La salud mental no puede esperar. Debemos actuar ahora, con compromiso, con humanidad y con visión de futuro”, concluyó el director del ODHGV.
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