La subdirectora técnica de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Croniz Bonilla, cuestionó las profundas fallas del sistema de justicia penal dominicano al asegurar que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la falta de voluntad y responsabilidad compartida entre los distintos actores del sistema.
“¿Cómo nos dividimos la cuota de responsabilidad? La responsabilidad es de todos. Nosotros somos parte del Estado”, dijo Bonilla durante su intervención en el primer ‘Panel de Expertos’ sobre los desafíos de la administración judicial del país, organizado por Listín Diario.
La abogada lamentó que se intente atribuir la crisis del sistema a un solo sector: “Es muy fácil decir: la responsabilidad es de los jueces, del Ministerio Público, o de los académicos. No, no es así, es de todos”, aseguró.
A pesar de que República Dominicana cuenta desde hace casi 21 años con un Código Procesal Penal (PCC) garantista, Bonilla expresó que todavía existen deficiencias en la operatividad del sistema.
“¿A mí me ha faltado elemento para en un litigio yo defender el respeto de los derechos humanos? ¿Me falta norma? No, no me falta norma”, afirmó.
Los actores del sistema coincidieron en que el sistema debe someterse a una reforma.Jorge Cruz/LD.
En respuesta a ese planteamiento, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, replicó: “Pero a mí sí me faltan normas para acusar”.
Bonilla le respondió de inmediato: “Desde mi papel de defensa, de abogada, a mí no me falta norma. Lo que me falta es la voluntad de que los actores del sistema entiendan que esto no se trata de acusar o defender, sino de reconocer que todos somos parte del conjunto”.
Bonilla también se refirió a la sobrecarga del sistema y a la escasez de defensores públicos, especialmente en jurisdicciones con alta demanda.
“En una jurisdicción como el Distrito Nacional, que tiene 30 defensores públicos, usted fácilmente en un primer tribunal colegiado tiene que sentar 10 defensores para que se conozca un solo proceso”, explicó.
Sin embargo, aclaró que, aunque a la Defensa Pública le “falta todo”, no se puede partir de la carencia para resolver el problema, sino demostrar que con lo que se tiene es posible avanzar.
“Eso es lo que no hemos demostrado”, admitió.
Para ella, el foco del problema no está en el código, sino en la ejecución y coordinación entre los operadores del sistema: “Para que un proceso se conozca interviene el órgano acusador, interviene la defensa pública, intervienen los jueces, los abogados privados, y si la Procuraduría no traslada a las personas privadas de libertad, no hay proceso que se conozca”.
Bonilla concluyó parte de su intervención en el panel con un llamado a la conciencia institucional y a la acción concreta.
“Esto no se trata de hacer nuevas leyes. Esto se trata de que nosotros seamos conscientes del rol que desempeña cada uno de los operadores. Y así vamos a resolver. Aquí más que cambiar normas, falta investigación, falta voluntad y falta que nosotros seamos transparentes con lo que hacemos”, dijo.
“20 años después, claro que sí, tenemos muchas cosas que cambiar, pero si no cambia la voluntad, si no asumimos el rol cada uno, no importa que nos pongan cuna de oro, vamos a estar en lo mismo: 25,000 presos en nuestras cárceles, la mitad o más preventivos. El código dice que los manden a prisión. No lo dice”.
Litigiosidad excesiva impone presión al sistema
El magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto Sánchez, alertó que la carga excesiva de los procesos penales y la débil implementación de mecanismos alternativos de resolución están comprometiendo la eficiencia del sistema judicial del país.
“Aproximadamente el 87% de los procesos penales en nuestro país llegan a juicio. Esa cifra contrasta con los sistemas más eficientes, donde solo entre el 10 y el 20% de los casos siguen esa vía”, explicó el juez.
Esta realidad, advirtió, “impone una presión excesiva sobre los tribunales y limita la capacidad operativa del sistema”.
El juez Fran Soto, de la Suprema Corte de Justicia.Jorge Cruz/LD.
Soto Sánchez consideró que superar estos desafíos exige más que reformas legales: “Superar este reto exige una mirada integral, planificación estratégica del proceso, control efectivo del plazo legal, fortalecimiento de capacidades técnicas, gestión probativa de audiencias y un uso racional de los recursos. Pero también requiere voluntad política e institucional”.
Reconoció que la percepción de impunidad, la desconexión entre decisiones judiciales y la lógica procesal, y la falta de respuesta efectiva ante fenómenos delictivos han debilitado la confianza ciudadana en la administración de justicia.
“Requiere un compromiso sostenido con la mejora continua, la innovación en la gestión judicial y el fortalecimiento de una cultura procesal coherente con los principios del modelo acusador. Requiere también una voluntad institucional firme para privilegiar la solución del conflicto por vías eficaces, diferenciadas y proporcionales”.
fuentes.listin diario
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