Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a las autoridades dominicanas para que cualquier política migratoria futura se fundamente en el respeto absoluto a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso efectivo a mecanismos de regularización para personas migrantes y refugiadas haitianas.
“En un momento en que la sociedad dominicana busca construir consensos sobre cómo responder a los desafíos de la movilidad humana, el Estado tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de diseñar una política migratoria centrada en las personas, no en la persecución ni en la deportación hacia contextos donde pueden perder la vida”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada por un comunicado de prensa enviado por esa entidad.
Piquer dice que República Dominicana debe asegurar que sus políticas migratorias cumplan con los estándares internacionales, incluyendo el principio de no devolución, el debido proceso, “el interés superior de la niñez y el derecho a la nacionalidad”.
Además, instaron al presidente Luis Abinader a poner fin de inmediato a las deportaciones colectivas, “al perfilamiento racial y a prácticas migratorias discriminatorias”.
Como parte del diálogo convocado por el Consejo Económico y Social de República Dominicana, Amnistía Internacional dijo que presentó una contribución formal ante la mesa temática sobre migración, en respuesta a la pregunta central:
La entidad dice que desde octubre de 2024 más de 180,000 personas haitianas han sido deportadas en operativos masivos sin evaluaciones individualizadas.
“Entre las personas expulsadas se encuentran mujeres embarazadas, niñas y niños, personas negras y dominicanas de ascendencia haitiana. La organización ha documentado casos de tortura, violencia física y detención en condiciones crueles, inhumanas y degradantes”, dice el referido comunicado.
La organización señala que es indispensable que el presidente Abinader retire el protocolo que ordena deportaciones tras recibir atención médica, ya que el derecho a la salud no puede depender del estatus migratorio.
La organización ha catalogado como inaceptables y riesgosas para la vida las prácticas de expulsión e intimidación de personas que buscan atención médica.
“La política migratoria actual ha generado efectos negativos sobre sectores económicos clave, debido a la escasez de mano de obra provocada por las expulsiones masivas. En este contexto, Amnistía Internacional alienta a continuar los consensos emergentes sobre la necesidad de abrir canales de regularización, evitando que dichos mecanismos repitan errores del pasado, como los del fallido Plan Nacional de Regularización, en el que muchas personas beneficiarias no han podido renovar sus documentos desde el inicio de la actual administración, lo que las ha expuesto a detenciones arbitrarias, extorsión por parte de agentes corruptos y redes de trata y tráfico de personas”, dice el documento.
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