Acusan a Frank Rainieri de supuesto abuso de confianza y lavado de activos

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La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente el Dr. Miguel Surún
Hernández, ha interpuesto formal querella ante la fiscalía del Distrito Nacional en contra de Frank Rainieri, presidente y máximo ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria del Este y Grupo Puntacana, por abuso de confianza y el crimen de lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano.

De acuerdo a la querella, durante la última década, la sociedad ha reclamado de manera activa la igualdad de todos ante la Ley. Miembros de la élite corrupta, ajenos a la clase política, hasta ahora protegidos por un manto de impunidad, al amparo de aforamientos, protección y abuso de posición dominante, han sido alcanzados por la justicia, acabando así con siglos de privilegios.

Hoy día, desde figuras de la realeza hasta la aristocracia del dinero, los negocios y el cine, como el príncipe Andrés de Inglaterra, Iñaki Urdangarín, Harvey Weinstein, Bernard Madoff, Marcelo Odebrecht y el rey Juan Carlos I de España, con 83 años de edad y exiliado en Dubai, pese a ser padre del actual rey, están siendo condenados a la vergüenza pública, el rechazo o la cárcel. En consonancia con este clamor ciudadano, nuestro presidente ha advertido recientemente:
– “Nadie esta por encima de la Ley”
– “Hoy el que la hace la paga, del partido que sea, del nivel social que sea
o de la supuesta cuña que pueda tener,
esa es la única forma en que funciona una sociedad”

En un escrito de 40 páginas, la Fundación Primero justicia, establece que la Corporación
Aeroportuaria del Este (CAE), sus accionistas y directivos, han distraído, entre mayo de 2003 y diciembre de 2019, más de seis mil millones de pesos procedentes de fondos públicos ($100 millones de dólares) en perjuicio del Estado Dominicano para un uso distinto al legalmente establecido, “En clara violación al referido decreto y la Ley No. 491-06 sobre Aviación Civil, esos fondos han sido distraídos y lo que es peor el grupo empresarial que controla dicho aeropuerto se niega a devolver las cuantiosas sumas amasadas por ese concepto, en calidad de agente de retención, en manos del Estado Dominicano”.

Los fondos percibidos corresponden a la tasa aeroportuaria de US$1.25, por entrada y salida del país de cada pasajero, en virtud de una autorización otorgada mediante el Decreto 203-03 de fecha 6 de marzo de 2003. Con esos fondos, CAE debía realizar las inversiones necesarias para incorporar los requerimientos de seguridad exigidos por los Organismos Internacionales.

El documento explica que el interés público está gravemente comprometido, “no sólo por la
exorbitante cantidad de fondos públicos defraudados, sino por el manto de impunidad y
tolerancia que durante años ha rodeado a este grupo económico que le ha permitido consolidar un monopolio que mantiene secuestrada la principal entrada de turistas a la República Dominicana, controlando los ingresos de un sector que supone el 10% del Producto Interno Bruto del país”.

Según el escrito depositado, “… desde la fundación del Aeropuerto de Punta Cana (…) se ha
servido y excusado en alegadas falencias normativas e institucionales para retener y acumular exorbitantes sumas de dinero. Su vertiginoso crecimiento se explica, entre otras razones, precisamente por una cuestionable desviación y sustracción de fondos públicos recaudados por concepto de tasas aeroportuarias que cobra, pero no paga ni invierte…”

De acuerdo a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, se designa al CESAC como institución competente para garantizar la seguridad aeroportuaria y se señala que “…los aeropuertos deberán establecer en su presupuesto anual (…) una partida que satisfaga la adquisición y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones de seguridad, en la cantidad y variedad necesarias, fijada en un monto nunca menor al monto estimado de recaudación para el año correspondientes por aplicación de la tasa establecida en el Decreto número 203-03 del 6 de marzo de 2003…”

Desde 2017, la Comisión aeroportuaria mediante su Resolución 6746 solicitó al Aeropuerto de Punta Cana rendir un informe respecto las inversiones realizadas en materia de seguridad y ordenó al CESAC presentar a la Comisión Aeroportuaria la proyección de inversiones a realizar con cargo a esos fondos.

La Fundación Primero Justicia expuso que, según información recibida de manos de la Comisión Aeroportuaria, durante 17 años el Aeropuerto de Punta Cana ha recaudado millonarias partidas por el cobro de tasas aeroportuarias y no le ha dado el uso que señala la ley. Sólo entre 2016-2019 el Aeropuerto de Punta Cana recaudó US$38,352,743.00, que la Comisión Aeroportuaria ha requerido y emplazado a Corporación Aeroportuaria del Este a su pago en manos del CESAC, a lo que esta última se han negado. Tras numerosos e infructuosos esfuerzos por obtener explicaciones sobre el uso de los fondos, el 5 de agosto de 2020, la Comisión Aeroportuaria adoptó la Resolución 6807, mediante la que instruye al CESAC para intimar al Aeropuerto de Punta Cana para que devuelva los fondos recibidos.

El sometimiento compara la obligación legal de los aeropuertos, con la de un agente de retención, como ocurre con el cobro del ITBIS. El agente de retención recibe los fondos como un depósito, pero deben ser pagados o compensados en la forma que la ley expresamente señala. Si el agente de retención desvía esos fondos, le da un uso distinto al previsto en la Ley o no los paga oportunamente, compromete su responsabilidad penal.

En su defensa, el Aeropuerto de Punta Cana alega que el Decreto 203-03, fue derogado por un decreto posterior, lo que es falso. De acoger este alegato, se agravaría la situación al haberse recaudado y dispuesto de fondos públicos sin amparo legal.

Un día después de ser intimada y con la intención de eludir el pago, la Corporación Aeroportuaria del Este, depositó una temeraria denuncia por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra de todos los miembros de la Comisión Aeroportuaria, alegando una supuesta prevaricación y otros ilícitos penales.

Adicionalmente presentó un Recurso de Reconsideración contra la citada Resolución, que fue posteriormente retirado, por lo que el efecto de la Resolución adquiere la condición de firme y ejecutoria, quedando en manos de las autoridades el cobro de dicha cantidad.
Surun Hernández argumentó que durante la última década la sociedad ha reclamado de manera activa la igualdad de todos ante la ley, sin distinción de clase ni condición, y la condena a los privilegios. “Esta es una extraordinaria oportunidad para recuperar cuantiosos fondos públicos, acorde con el Decreto 22-21 dictado recientemente por el Presidente Luis Abinader que declara de interés nacional la recuperación de bienes y fondos públicos distraídos, a fin de que sean restituidos y empleados en planes de desarrollo nacional”, dijo.

Mediante este Decreto número 22-21, el Presidente de la República, declara “de interés nacional la recuperación de bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano”.

El Párrafo II del artículo 3 del citado Decreto, otorga mandato expreso para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público “bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales: omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación de las leyes”, tipificando de manera precisa las actuaciones de Frank Rainieri objeto de esta querella.

Surun Hernández dijo que, “dada la gravedad de los hechos querellados y la abrumadora
cantidad de pruebas que hemos sometido en su respaldo, esperamos que la justicia actúe de forma independiente y que el Ministerio Público cumpla su rol, sin hacer reparos en la posición económica, ni los vínculos políticos de los involucrados”. Recordó que “para evitar nuevos impuestos el gobierno celebró a finales del año pasado la recaudación anticipada de impuestos al sector minero por la suma de RD$2,624.4 millones al cambio oficial. Pero esto sería mucho más significativo. Si se aseguraran las debidas consecuencias a la conducta de la CAE y su directivo, el Estado recaudaría más de 6 mil millones de pesos que permitirían reducir el déficit proyectado para el año 2021 en el orden de los RD$145,064.9 millones de pesos, usándolos para temas de extrema necesidad, en circunstancias excepcionales de Pandemia”.

Surun Hernández confía en que los eminentes juristas Jorge Luis Polanco Rodríguez, José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solando y Fernando P. Henríquez, ejercerán de forma plena el mandato contenido en el Párrafo II del Articulo 3 del Decreto 22-21 y coadyuvarán al Ministerio Público en casos en que como estos el interés público esté gravemente comprometido.

Argumentó que desde la Fundación Primero Justicia “luchará para que la Ley sea igual para todos y que el Estado elimine privilegios irritantes de las élites corruptas”.

Acusaciones de fraude fiscal, abuso de poder, violentos desalojos, litis de tierras, demandas por estafa y una interminable lista de sociedades offshore que lo convierten en el principal implicado en el escándalo de los Papeles de Panamá en la República Dominicana, convierten la hoja de vida de Frank Rainieri en un compendio de hechos delictivos que, de ser procesado, le incluiría en la élite de la aristocracia delictiva que rindió cuentas ante la justicia y la sociedad.

Fundación Primero Justicia

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